​El 8 de enero de 2020, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos del Segundo Circuito decidió seguir bloqueando la implementación de los cambios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la prueba de "carga pública". La prueba se utiliza para negar la admisión a los Estados Unidos o rechazar una solicitud de residencia legal permanente (una "tarjeta verde"). Las decisiones judiciales significan que para los inmigrantes que buscan tarjetas verdes en los EE. UU., Se aplican las viejas reglas: pueden seguir usando Medi-Cal / Medicaid, CalFresh / cupones de alimentos y programas federales de vivienda que ayudan a sus familias a mantenerse saludables. Y los miembros de la familia pueden continuar recibiendo beneficios en efectivo sin afectar la solicitud de tarjeta verde de un familiar a menos que los beneficios sean el único ingreso de la familia.
El fallo de la corte no afecta las decisiones de carga pública tomadas por el Departamento de Estado (DOS). Las personas que solicitan una tarjeta verde a través de un consulado de EE. UU. Enfrentan una regla diferente, que está en proceso de cambio. Aquellos que esperan solicitar una visa o tener sus entrevistas de tarjeta verde fuera de los EE. UU. Deben consultar a un abogado de inmigración.

On January 8, 2020, the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit decided to keep blocking the implementation of the Department of Homeland Security (DHS) changes to the “public charge” test.  The test is used to deny admission to the United States or refuse an application for lawful permanent resident status (a “green card”).  The court rulings mean that for immigrants seeking green cards in the U.S., the old rules apply-- they can keep using Medi-Cal/Medicaid, CalFresh/food stamps, and federal housing programs that help their families stay healthy.  And family members can continue to receive cash benefits without affecting a relative’s green card application unless the benefits are the family’s only income.
The court ruling does not affect the public charge decisions made by the Department of State (DOS).  People applying for a green card through a U.S. consulate face a different rule, which is in the process of changing.  Those who expect to apply for a visa or have their green card interviews outside the U.S. should consult an immigration lawyer.

Esta mañana, el National Immigration Law Center, el National Health Law Program, el Western Center on Law & Poverty y Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles presentaron una demanda contra la Administración Trump para bloquear la implementación de la regla final del DHS, que amenaza a millones de familias inmigrantes - desproporcionadamente familias de color. La demanda, presentada en el Distrito Norte de California, fue presentada en nombre de organizaciones sin fines de lucro que sirven a las comunidades de inmigrantes y aboga por la equidad racial, la salud, los niños, los trabajadores agrícolas y las familias trabajadoras en la actualidad. La Clínica de la Raza et. al. v. Trump et al. presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, le pide al tribunal que declare que el reglamento emitido por el DHS es ilegal e inconstitucional.

Además de La Clínica de la Raza, la demanda fue presentada por African Communities Together, la Asociación de Atención Primaria de California, el Centro de Recursos Centroamericanos, el Consejo de Relaciones Islámicas Americanas -California, Farmworker Justice, el Centro de Recursos de Corea, la Sociedad de Ayuda Legal del Condado de San Mateo y Acceso a la Salud Maternoinfantil.

Como ya sabrán, trece estados encabezados por el fiscal general de Washington Robert Ferguson presentaron una demanda el miércoles, así como los condados de San Francisco y Santa Clara, para desafiar la regla también.

​This morning, the National Immigration Law Center, National Health Law Program, Western Center on Law & Poverty, and Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles filed a lawsuit against the Trump Administration to block the implementation of the DHS final rule, which threatens millions of immigrant families —disproportionately families of color. . The suit, filed in the Northern District of California, was filed on behalf of nonprofits serving immigrant communities and advocates for racial equity, health, children, farm workers, and working families today. La Clínica de la Raza et al. v. Trump et al. filed in the U.S. District Court for the Northern District of California, asks the court to declare the regulation issued by DHS unlawful and unconstitutional.
 
In addition to La Clínica de la Raza, the suit was brought by African Communities Together, the California Primary Care Association, the Central American Resource Center, the Council on American Islamic Relations -California, Farmworker Justice, the Korean Resource Center, the Legal Aid Society of San Mateo County, and Maternal and Child Health Access.
 
As you may already know, thirteen states led by Washington Attorney General Robert Ferguson filed a lawsuit Wednesday, as well as the Counties of San Francisco and Santa Clara, to challenge the rule as well.

​El Departamento de Seguridad Nacional anunció hoy que va a cambiar oficialmente la política de "Carga Pública" que existe desde hace mucho la cual afecta a las personas que solicitan tarjetas de residencia en los E.E.U.U.. Gracias a cientos de miles de comentarios públicos, la regla final no cuenta el uso de Medi-Cal por niños menores de 21 años o las mujeres embarazadas o el uso de los subsidios de Medicare Parte D en la determinación de carga pública. La regla también no afecta a los inmigrantes que solicitan programas de ayuda humanitaria (asilo, visas U, visa T, Estado Especial de Inmigrante Juvenil, etc.) o la gente que consigue Medi-Cal de emergencia o financiado por el gobierno (aparte de la atención a largo plazo) . Sin embargo, la regla final todavía dificulta la inmigración de familias de ingresos bajos y moderados, lo que perjudica a los inmigrantes, sus familias y nuestras comunidades.. Nota: el cambio del DHS no tendrá efecto hasta el 15 de octubre. Estamos analizando la regla final y ayudando al esfuerzo de contraatacar. Para más información visita www.thelibreproject.org y asegúrate de seguirnos en las redes sociales para obtener actualizaciones automáticamente."

​The rules proposed in OCTOBER 2018 ARE NOT YET IN EFFECT and are not final until they are officially adopted; not every immigrant is affected by the changes so they should consult LIBRE or other knowledgeable immigration groups; affected individuals and communities/agencies are opposing these changes and they can participate in trying to stop the regulation changes; AND there will be time to make adjustments to benefits if these proposals become finalized.  

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Las reglas propuestas en Octubre de 2018 NO ESTÁN AÚN EN EFECTO y no son definitivas hasta que se adopten oficialmente; no todos los inmigrantes se veran afectados por los cambios, por lo que deben consultar a LIBRE u otros grupos de inmigración con conocimiento en la materia; las personas y comunidades/agencias afectadas se oponen a estos cambios y pueden participar para tratar de detener los cambios en la regulación; Y habrá tiempo para hacer ajustes a los beneficios si estas propuestas se finalizan.

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​Los miembros de AILA informaron que el ICE ERO y sus contratistas están realizando una nueva encuesta "voluntaria" que afecta a los clientes de América Central. El letrero a continuación revela que "a partir de enero de 2019, los representantes de ICE pueden llamarle al número de teléfono proporcionado a ICE" para realizar una encuesta de 30 minutos. Si bien el letrero indica que "sus respuestas a la encuesta no se utilizarán con fines de cumplimiento," el Comité de Enlace ICE de AILA National recomienda que cada abogado discuta con sus clientes los posibles riesgos de participación / no participación en esta encuesta voluntaria, y que todas las partes hacen una determinación individual en función de los hechos y el historial específicos de cada cliente. AILA está buscando más información de ICE sobre este desarrollo y publicará actualizaciones si están disponibles.

​AILA members have reported that ICE ERO and its contractors are conducting a new "voluntary" survey that affects Central American clients. The sign below reveals that "starting in January 2019 representatives from ICE may call you on the phone number provided to ICE" to conduct a 30 minute survey. While the sign states that "your answers to the survey will not be used for any enforcement purposes," AILA National's ICE Liaison Committee recommends that each attorney discuss with their clients the potential risks of participation/non-participation in this voluntary survey, and that all parties make an individual determination depending on each client's specific facts and history. AILA is seeking more information from ICE on this development and will post updates if they become available.